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Dióxido de cloro: un sanatorio le suministro la sustancia por pedido de un paciente

  • Foto del escritor: InfoTodo.com.ar
    InfoTodo.com.ar
  • 10 ene 2021
  • 2 Min. de lectura

Actualizado: 20 ene 2021

El centro de salud apeló una medida judicial. La decisión preocupa a la comunidad médica porque puede sentar una riesgosa jurisprudencia.














La Justicia Federal falló a favor de una medida cautelar y obligó al Sanatorio Otamendi a suministrarle dióxido de cloro intravenoso a un paciente que está internado en grave estado por complicaciones derivadas del coronavirus. Se trata de una sustancia que no tiene eficacia para tratar la enfermedad, no posee la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para su comercialización y cuyo uso podría ocasionar graves consecuencias en la salud. La institución apeló la medida, según se pudo saber.


La decisión fue del juez federal subrogante Javier Pico Terrero, quien determinó que se le administre la sustancia al paciente Oscar Jorge García Rúa, según el fallo. El jueves pasado, el hijastro del hombre realizó una presentación judicial para que reciba urgente la administración de nebulizaciones de ibuprofeno de sodio y de dióxido de cloro. La mujer murió el miércoles tras contagiarse coronavirus. La terapia la recetó el neurocirujano personal del paciente Dante Convert.


El juez federal subrogante hizo lugar a la solicitud de la familia del paciente al considerar que “la cobertura de los tratamientos indicados no ocasionaría un grave perjuicio para la demandada, pero evita, en cambio, el agravamiento de las condiciones de vida de la actora”.


En esa línea, determinó que el sanatorio porteño deberá “garantizar la implementación de los tratamientos prescriptos por su médico tratante”.


El dióxido de cloro es una sustancia utilizada como desinfectante de superficies y blanqueador de materiales orgánicos. Su ingesta tiene diversos efectos secundarios. La situación alertó a la comunidad médica, ya que la decisión judicial podría sentar jurisprudencia para recetar tratamientos que no están autorizados por las entidades regulatorias correspondientes.

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